Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario
Un 30 % de los alimentos que se producen a nivel mundial acaban en la basura. Es una cifra alarmante sobre la que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lleva tiempo alertando. En el caso de España, según datos del Ministerio de Alimentación, durante el 2022 se tiraron 7.700 millones de kilos de comida. Desperdiciar comida supone importantes pérdidas económicas, además de un impacto ambiental considerable. Con el objetivo de reducir estas cifras se ha iniciado la tramitación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una normativa que, por primera vez, dotará de un marco legal para prevenir y disminuir el desperdicio de alimentos.
Ley de Desperdicios Alimentarios: ¿en qué consiste la ley?
Preguntas Frecuentes
El capítulo VI del proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario recoge el régimen sancionador, diferenciando entre infracciones muy graves, graves y leves.
Leves
Las infracciones leves se sancionan con un apercibimiento o multa de hasta 2.000 euros. Se consideran como tal:
- No implementar la jerarquía de prioridades al desperdicio alimentario ni justificar por qué no se hace.
- Impedir, mediante contrato, la donación de alimentos.
- Industrias alimentarias, empresas de distribución y negocios de hostelería: no donar alimentos que no se venden y siguen siendo aptos para el consumo pese a contar con los medios para poder hacerlo.
- Compañías, entidades de iniciativa social y organizaciones sin ánimo de lucro que distribuyen alimentos para donación y no entregan el excedente a personas que lo necesitan.
- No colaborar con la Administración para poder cuantificar los residuos procedentes de alimentos.
Graves
Dentro de esta categoría, sancionadas con multas de entre 2.001 y 60.000 euros, se incluye:
- Carecer de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.
- Hacer discriminaciones a la hora de repartir los alimentos por causas de discapacidad, sexo, orientación sexual, edad, nacionalidad… o cualquier circunstancia asociada a cuestiones personales o socioeconómicas.
- Cometer más de una infracción leve en menos de dos años.
Muy graves
Se consideran infracciones muy graves, con multas de entre 60.001 y 500.000 euros, cuando se cometa más de una infracción grave en el período de dos años, los cuales se contarán desde la fecha de la resolución administrativa firme.
Adicionalmente a estas infracciones, las comunidades autónomas podrán establecer otras sanciones.